Para afrontar con éxito el reto que nos plantea la crisis económica actual desde las políticas científicas y tecnológicas es necesario reconocer varios hechos: que toca mejorar la eficacia y eficiencia del gasto público, que en España el incremento de gasto público en I+D no se ha traducido en una mejora de la competitividad de nuestra economía, que el sistema generador de conocimiento es el que debe adaptarse a las necesidades del sistema productivo y que existen problemas de fondo que ahogan nuestra capacidad de innovar.
La crisis nos enfrenta a los errores del pasado pero nos presenta con una claridad palmaria las soluciones para el futuro. El Estado debe asumir el liderazgo que le corresponde a la hora de fijar una nueva definición clara de los objetivos en materia de competitividad y a la identificación de los instrumentos más eficaces para que lo consiga en el menor plazo posible.
Se insiste últimamente en que por primera vez España se encuentra en la media de la OCDE de gasto público en I+D pero continúa lejos de la media en inversión privada. ¿Cómo es posible que destinando los mismos recursos públicos a I+D que la media de los países de la OCDE nos encontremos tan alejados de sus resultados en innovación y competitividad? El indudable éxito del gran crecimiento de nuestra producción científica, que nos coloca entre los diez primeros del mundo, no puede emplearse para justificar el mantenimiento de nuestras políticas científicas y tecnológicas sin revisar los problemas que la actual crisis evidencia y sin que dicha diagnosis afecte de manera inmediata a los presupuestos de I+D+I para 2010.
¿Podemos asegurar que las políticas científicas y tecnológicas han sido correctas y que el problema estriba en que son las empresas las únicas que, caprichosamente, no han hecho los deberes? Si la industria no participó ni en la formulación ni en la consecución de los objetivos de unas políticas que se orientaban a mejorar nuestro volumen de publicaciones científicas no es coherente echarles en cara su debilidad actual en materia de innovación. Muchos economistas han explicado las barreras que impiden al mercado, por sí mismo, destinar suficientes recursos a la I+D justificando así la necesidad de establecer incentivos mediante la intervención pública con el fin de que las empresas puedan superarlas. Esta intervención se configura mediante políticas científicas y tecnológicas y por lo tanto su legitimidad estriba en conseguir paliar las barreras que impiden a las empresas invertir en I+D de manera óptima. En este sentido podemos concluir que, en el caso español, éstas han cosechado un rotundo fracaso.
Por lo tanto, para que las políticas científicas y tecnológicas tengan plena legitimidad, se debe repensar la estructura del presupuesto del Estado, potenciando instrumentos eficaces que impulsen la I+D+I empresarial y la innovación a escala nacional y autonómica. No perdamos tiempo en “vender” una congelación del gasto público en I+D justificándola en los éxitos del pasado y dediquemos tiempo a reordenar las prioridades del presupuesto actual conforme a los nuevos objetivos.
Evitemos también caer en la tentación de apostar por un modelo lineal de la innovación hace tiempo descartado por las economías tecnológicamente más desarrolladas del mundo esperando que con más recursos públicos nuestro modernizado sistema científico, orientado hacia la producción de publicaciones científicas, se convierta en el único motor de la innovación en las empresas. Correremos el riesgo de perder la elevada capacidad de producción científica conseguida y seguir fracasando en el impulso de la innovación en nuestras empresas. Apostemos por una estrategia en la que, progresivamente, vaya siendo el mercado el que plantee buena parte de las necesidades de investigación a nuestro sistema científico y tecnológico y apostemos, de manera decidida, por aquellos instrumentos que ya han demostrado ser eficaces en esta nueva estrategia.
Mientras tanto reflexionemos sobre los problemas de fondo que impiden que con instrumentos similares a los existentes en otros países desarrollados las empresas españolas inviertan en I+D o en innovación y que lastran cualquier intento de convertir nuestra economía en una de las más innovadoras del mundo. Me atreveré a apuntar dos que desde mi punto de vista son muy importantes. El primero se encuentra en nuestro pésimo sistema educativo. Un reciente informe de McKinsey asegura que los resultados alcanzados por los escolares de Estados Unidos en el estudio PISA (y que es similar al alcanzado por los estudiantes españoles) suponen una reducción anual del 20% de su PIB y se pueden equiparar a una recesión nacional permanente. El segundo es la grave fragmentación y proliferación de diferentes políticas educativas, científicas y tecnológicas independientes que nuestra estructura actual del Estado y su reparto de competencias viene produciendo.
Si para poner en marcha nuevas políticas científicas y tecnológicas que superen los errores cometidos y se ajusten a las necesidades actuales de nuestra economía con garantía de estabilidad es necesario un Pacto de Estado, hágase. Se deberá contar con todos aquellos capaces de ceder privilegios y abandonar parte de sus aspiraciones por conseguir un bien común más ambicioso. Si el Pacto de Estado es necesario y no se alcanza, a los problemas de fondo anteriores deberemos añadir uno más…
Iñigo Segura
Director General
Fedit
