Por: José María Guijarro

Subdirector del Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (AIDO)
Doctor en Economía

Uno de los mayores problemas que siempre ha preocupado al ciudadano valenciano es la incertidumbre sobre el futuro: qué le sucederá, cómo y porqué. El desconocimiento de lo que está por venir es una preocupación habitual que genera temores e inseguridad. Esta es la situación que probablemente nos espera en un futuro más que inmediato, cuando llegue el momento de concretar los nuevos planes para la industria que se han generado en todas las esferas y en tan solo quince días.
Las tres famosísimas letras (I+D+I) son las que garantizarán el futuro del desarrollo industrial y de servicios de nuestro PIB. Es decir, los distintos gobiernos nacionales y regionales deben reorientar sus políticas en estas áreas para compensar la pérdida de competitividad que hoy sufrimos. Las inversiones públicas en nuestro país están compuestas por las aportaciones europeas, nacionales, regionales, así como por los propios estímulos locales. Sin embargo, no hay que perder de vista el contexto de estabilidad –e incluso de restricción presupuestaria– que caracteriza en la actualidad tanto al sector público europeo como al nacional en todos sus niveles administrativos, aspecto de enorme relevancia en la Comunidad Valenciana, dado el alto endeudamiento que caracteriza a nuestra región.
En este marco, cobra especial relevancia la idea subrayada por el reciente Informe COTEC de la Fundación para la Innovación Tecnológica que alerta sobre la necesidad de que las inversiones en I+D+I sigan en España un proceso selectivo que permita acercarnos a los estándares de la Unión Europea. Lo cierto es que ante la existencia de recursos limitados se deban tomar decisiones dentro del campo de lo posible.
La Estrategia de Política Industrial (EPI) 2010-2015 que acaba de presentar la Generalitat Valenciana, junto a los principales agentes sociales, está centrada en potenciar la innovación, crear empresas de base tecnológica y duplicar el peso de la exportación. La EPI marca cinco objetivos a alcanzar: doblar el gasto empresarial en I+D+I pasando del 1,12% del PIB al 2,3% en 2015, incorporar 11.000 investigadores y gestores de la innovación al sector privado, crear hasta 10.000 empresas de base tecnológica, diversificar hacia actividades emergentes de alto valor añadido e incrementar el peso de las empresas exportadoras hasta el 6,5%.
Unos días antes fue la Comisión Europea la que remarcaba una de las siete iniciativas emblemáticas anunciadas en la Estrategia Europa 2020. Su objetivo es mejorar las condiciones de financiación para garantizar que las ideas innovadoras puedan convertirse en productos y servicios que generen crecimiento y empleo. En este sentido, convendría que el ejecutivo valenciano reorientase las prioridades de política industrial hacia una verdadera política de innovación, dimensionando realmente la demanda y dotando convenientemente el presupuesto que la Generalitat Valenciana destina al fomento de la I+D+I. Todo esto, sin descuidar –insisto– la posibilidad de generar núcleos de excelencia capaces de ser nodos de referencia en estos ámbitos.
De momento, la incertidumbre sobre lo que nos depara el futuro sigue ahí, por lo que sólo queda esperar que, entre el dicho y el hecho presupuestario, quede un reducido trecho.