Por Iñigo Segura
Publicado en el diario El Economista el 5 de Octubre de 2009
Para afrontar con éxito el reto que nos plantea la crisis económica actual desde las políticas científicas y tecnológicas es necesario reconocer varios hechos: que toca mejorar la eficacia y eficiencia del gasto público, que en España el incremento de gasto público en I+D no se ha traducido en una mejora de la competitividad de nuestra economía y que el sistema generador de conocimiento es el que debe adaptarse a las necesidades del sistema productivo. La crisis debe obligar a compatibilizar decisiones a corto y largo plazo, que finalmente corrijan los defectos estructurales del sistema. Reducir el gasto público parece incompatible con abordar inversiones esenciales para mejorar nuestra competitividad y construir un modelo económico menos vulnerable. Una reducción del gasto público en Ciencia e Innovación resulta incompatible con la necesidad de abordar inversiones esenciales para mejorar nuestra competitividad y construir un modelo de crecimiento económico menos vulnerable. Sin embargo, más preocupante que reducciones de cualquier calibre sería que no existiera una reorientación del presupuesto hacia políticas de I+D+I eficaces conforme a nuevos objetivos. Para abordar este necesario redireccionamiento de nuestras políticas científicas y tecnológicas con alguna probabilidad de éxito será preciso seleccionar mejor los objetivos y asignar mejor los recursos, pero también reconocer que existen problemas de fondo que ahogan nuestra capacidad de innovar y emprender como es el lastre que supone un deficiente sistema educativo y la tremenda dificultad que plantea a las políticas de I+D+I y por tanto a la mejora de nuestra competitividad la cada vez más compleja estructura de nuestro Estado. Una práctica esencial para mejorar nuestros indicadores productivos es instaurar mecanismos de evaluación de los programas públicos de I+D+I orientados a resultados en términos de retornos e impacto económico. Analizar los resultados del presupuesto público destinado a los programas de apoyo a la I+D+I en función de su retorno económico permitiría otorgar una visión de negocio a la I+D+I, manejar un lenguaje al que nos tenemos que empezar a acostumbrar si lo que se pretende realmente es escalar posiciones en la competitividad de nuestro país. Así se lograría reorientar las políticas hacia aquellas herramientas que existen en España más vinculadas a la transferencia tecnológica como son los Centros Tecnológicos. Estos organismos pueden actuar de interlocutores de un gran colectivo de empresas españolas permitiendo traducir los resultados del conocimiento que generan en aplicaciones útiles para la industria. Es más, se muestran como una herramienta válida en la que apoyarse para conseguir el cambio de modelo deseado ¿Por qué no tomar ejemplo de otros países europeos que encabezan las listas de competitividad económica internacional y que cuentan con instrumentos similares a los Centros Tecnológicos españoles para la implementación de políticas estatales de apoyo a la I+D+I empresarial? (TNO, SINTEFF, VTT, FRAUNHOFER…). La política de Ciencia y Tecnología española requiere con urgencia que se encuentre un equilibrio entre las políticas públicas encaminadas a mantener la excelencia científica alcanzada con aquellas orientadas al sector empresarial, desconectado del anterior, y con dificultades para abordar por sí sólo actividades destinadas a la generación de nuevas tecnologías y a su comercialización. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2010 presentado en el Parlamento el 29 de septiembre parece iniciar de forma muy tímida una corrección de este desequilibrio al contemplar un esfuerzo especial destinado a la investigación y desarrollo tecnológico industrial que ve reducidas las subvenciones un 12,7% frente al 25% de reducción global en las mismas. Sin embargo, se observa una falta de claridad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado en materia de apoyo a Centros Tecnológicos con lo que tan sólo permite asegurar que se dispondrán de recursos para cubrir los gastos comprometidos en el año 2009 lo que, de confirmarse, supondría un recorte de un 60% de las partidas tradicionalmente destinadas a apoyar la actividad de I+D+I propia o estratégica de los Centros Tecnológicos, instrumento clave para el cambio de modelo económico. Ignorar los estudios que permiten estimar que los Centros Tecnológicos contribuyen a mejorar en casi un 1% el ratio de crecimiento de la economía española y al 3% del ratio de crecimiento de la I+D interna empresarial y que el efecto económico de la colaboración de las empresas españolas con los Centros Tecnológicos se estima que se ha traducido en los últimos 5 años en un incremento de la cifra de negocios de sus empresas cliente de 2.664 millones de euros, un crecimiento de sus exportaciones de 583 millones de euros, un aumento del empleo de 14.545 trabajadores, es ignorar que los Centros Tecnológicos ofrecen muchas garantías de ser instrumentos útiles para contribuir al cambio de modelo económico. Pero para que estos resultados se mantengan y continúen evolucionando, estos organismos de investigación necesitan el apoyo del Gobierno y, en consecuencia, de los Presupuestos Generales del Estado. Confiemos en que se lleve a cabo una reflexión sobre la importancia del papel y la necesidad de apoyar el trabajo que realizan a favor de la competitividad empresarial, especialmente en un contexto como en el que nos encontramos, en el que la investigación y la tecnología serán claves para posicionarnos a la altura de Europa.
