A primeros de año se se aprobó la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513). Esta ley tiene como objetivo garantizar la protección de aquellos individuos que denuncian irregularidades y promover una política de transparencia y colaboración para prevenir la corrupción y la comisión de delitos penales en las entidades jurídicas.

Los aspectos clave de esta Ley de Protección de Informantes incluyen:

• Protección contra represalias: Se establecen protecciones para los informantes contra cualquier represalia o consecuencia negativa que puedan enfrentar por informar sobre irregularidades o delitos en sus organizaciones.
• Confidencialidad: Se garantiza la confidencialidad de la identidad del informante en todo momento, protegiendo su anonimato.
• Procedimientos de denuncia: La ley establece procedimientos claros y detallados para que los informantes puedan presentar sus denuncias de manera segura y protegida.
• Investigación y seguimiento: Se exige que se investiguen las denuncias de manera oportuna y efectiva, y que se tomen medidas adecuadas para abordar cualquier irregularidad o delito.
• Sanciones: La ley establece sanciones para cualquier persona que tome represalias contra un informante, así como para aquellas personas que cometan irregularidades o delitos denunciados por los informantes.
• Protección de la privacidad: También se garantiza la protección de la privacidad y los datos personales del informante durante todo el proceso de denuncia y posterior investigación.

Con el fin de proteger a los ciudadanos que informan sobre vulneraciones del ordenamiento jurídico, se impone a las entidades la obligación de contar con un Sistema Interno de Información. La ley contempla diferentes plazos para la puesta en funcionamiento de este sistema:

• 13 de junio de 2023, para las entidades jurídicas del sector privado de más de 250 trabajadores
• 1 de diciembre de 2023, para las entidades jurídicas del sector privado entre 50 y 249 trabajadores
• Las entidades privadas de menos de 50 trabajadores no tienen obligación de implantar este sistema

A fin de poder conocer las obligaciones impuestas por esta Ley, algunas experiencias de Centros que ya han implantado un sistema de estas características, y resolver las dudas que puedan existir, hemos organizado un Webinar informativo que tendrá lugar el próximo 30 de noviembre a las 11:30 horas.

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