Editorial Levante-EMV, 21 de marzo de 2010
El año es aciago para los científicos españoles. A un tijeretazo doloroso en los presupuestos destinados a la I+D se une ahora la aprobación apresurada de una Ley de la Ciencia que no ha dejado contento a nadie. Numerosos investigadores de prestigio se quejan de que el texto elude las necesidades sustanciales del sector: ni incentiva cosas nuevas ni premia a los que se molestan. Puede ser otra vez una gran oportunidad perdida. No es cuestión de invertir más sino de hacerlo de otra manera para que los mejores alcancen la excelencia. El sistema educativo y el conocimiento juegan un papel decisivo en el avance de cualquier sociedad. No podemos permitir que se funcionaricen o se estanquen por dar los pasos equivocados.
Un joven entra a los 18 años a estudiar una carrera, la concluye, obtiene plaza hasta la eternidad y se habilita como doctor sin haber salido del mismo campus ni pisado una universidad distinta. Hasta puede que el catedrático que le vio crecer en las aulas sea su director de tesis, luego su jefe docente y finalmente su colega. El sistema lo permite y lo acaba convirtiendo en norma. En Estados Unidos, resulta inaudito. Cualquier estudiante de aquel país se doctora en una universidad distinta a la que estudia y aún tiene que buscar una tercera si su objetivo es la docencia. Cada profesor gestiona varios proyectos de investigación sobre los que tiene plena autonomía, incluso económica. La pugna es tremenda. En los centros más apetecibles, miles de alumnos compiten por una decena de puestos.
Dicen que la necesidad de innovar está en los genes de los norteamericanos. Quizá en los del español pesa más la comodidad, y todo esto es reflejo de esa cultura. Aquí una de las mayores aspiraciones para asegurarse la vida siempre fue convertirse en empleado público. Del mismo mal adolece el flamante proyecto de Ley de la Ciencia que el Gobierno echa a rodar. No supone el amanecer que habían soñado los científicos. Estamos ante una mera reorganización administrativa sin objetivos claros ni ambiciosos.
Somos la novena potencia del mundo por volumen de trabajos científicos y la decimonovena por la calidad de los mismos. Algo falla para que tanta cantidad no se transforme en productividad máxima. Un baremo sencillo con el que medir esa deficiencia es el número de premios Nobel. España no solo carece de ellos, sino que es incapaz de atraer a alguno de fuera para estimular sus propios proyectos o formar a sus investigadores. En el edificio de atención a los estudiantes de la London School of Economics hay un panel del que cuelgan fotografías y biografías de los alumnos del centro a los que ha distinguido la academia sueca. La pared está repleta. España puede presumir de un Nobel por el inmenso genio de Severo Ochoa, que tuvo que emigrar para conquistarlo. De hecho emigró después de que Negrín le prometiera una cátedra para que no se fuera a Estados Unidos, pero como por el camino se cruzó otro candidato con mejores padrinos, el tribunal decidió darle calabazas a Ochoa. No le votó ni el propio Negrín, que formaba parte de ese tribunal.
La nueva ley carece de ese «espíritu de Nobel». No facilita la contratación de extranjeros de primera fila, no acaba con la burocracia, no incentiva, no premia a los mejores, no centraliza la ciencia –con un Estado y diecisiete autonomías que reman en distintas direcciones–, no flexibiliza un sistema que, por propia definición, necesita ser muy ágil. Más bien abre la puerta a que el investigador ambicione un puesto fijo sin oposiciones. Estamos a un paso de funcionarizar la ciencia. El personal de I+D en Austria, Dinamarca o Alemania ha dejado de ser funcionario. No puede cobrar lo mismo quien lo hace bien que quien no da golpe. En Harvard, la falta de rendimiento termina toda aventura investigadora. El MIT de Massachusetts contrata a 50 personas cada año, de las que luego se queda con menos de la mitad, sólo los mejores. De nada de esto trata la nueva ley.
El año pasado, el Ministerio de Ciencia dejó sin gastar 1.500 millones de euros. Contamos con investigadores excelentes y una algarabía de institutos y fundaciones. No es tanto un problema de dinero ni de talento como de método. Hay una ecuación que no falla: la investigación es progreso, y el progreso, bienestar. La investigación también es competencia exacerbada. No se puede ser bueno en todo. Hay que relegar unas áreas para relanzar otras. Sacrificar a los improductivos para que fructifiquen los capaces. Como no tengamos asumido esto, corremos el riesgo de contentar a quienes su máxima aspiración es la estabilidad y hasta, a ser posible, no salir del pueblo donde uno nació, pero en el mundo científico seguiremos siendo irrelevantes. Las cosas, cierto, no van a cambiar en dos días. Con vagas leyes rellenas sólo de buenas intenciones no lo harán ni en doscientos años.
