Por Araceli Mangas Martín en El Mundo
La autora denuncia que en España se despilfarra el dinero en estudios sin importancia científica alguna. «La investigación no interesa aquí. Sólo las apariencias y gastar y gastar en una economía tambaleante», afirma
El interés por la situación de la investigación científica viene ocupando algo más de lo habitual a los medios de comunicación en la medida en que la innovación, el conocimiento y la competitividad puedan contribuir a alcanzar la llamada «nueva economía» que nos alejará de la crisis económica y financiera.
Como a otros muchos profesores de universidad y desde hace muchos años, la agencia estatal (ANEP) y agencias autonómicas me encargan evaluar proyectos de investigación que presentan grupos aleatorios de profesores (ni tan siquiera grupos de investigación consolidados) para optar en los ámbitos del Derecho, a veces de las Ciencias Sociales y de las Humanidades, a una financiación con dinero público. También he formado parte, en el pasado, en varias ocasiones del comité ministerial que finalmente selecciona los proyectos y el reparto del dinero para cada proyecto. En todos mis informes e intervenciones he expuesto ya estas preocupaciones.
En pocas ocasiones (¿un 10 o 15%?), tras hacer la evaluación, me he encontrado con verdaderas propuestas de investigación. La mayoría de las solicitudes son temas muy trillados, con decenas de monografías o artículos ya publicados en España (y por ende, con centenares de trabajos en nuestro entorno europeo o internacional). Son asuntos, con demasiada frecuencia, muy generales y, por tanto, sin posibilidad alguna de añadir conocimiento.
Sin precisar el concreto objeto de investigación, piden decenas o centenares de miles de euros para viajar por un sinnúmero de países, por ejemplo, para encontrar las normas, sentencias y otros documentos que están a un golpe de ratón en el ordenador que le paga el Estado, incluida la conexión a Internet, en su despacho o que se encuentran en nuestras bibliotecas (en general, muy bien dotadas en la democracia…). Y tales proyectos obtienen financiación pública porque la inmensa mayoría de los expertos que hacen los informes actúan como en una sociedad de socorros mutuos, hoy por ti, mañana por mí.
En los casos más honrados, las solicitudes de proyectos son una forma de financiar el mantenimiento de las revistas, asistir selectivamente a algún buen congreso y la renovación del material informático. Pero no es investigación.
A su vez, para completar el despilfarro, las universidades, endeudadas por generaciones, asignan, para contentar a su clientela más mediocre, partidas de dinero para investigación a favor de proyectos que fueron rechazados por las agencias nacionales o regionales o simplemente que ni se molestaron en competir. Fiesta para todos, ahora paga la Comunidad Autónoma; todos nosotros.
Estuve unos años en un comité que examinaba las propuestas de estancias breves en el extranjero y ¡qué curioso! una gran mayoría era en agosto, cuando en muchos centros universitarios europeos y norteamericanos de investigación, aunque abiertas su bibliotecas como las nuestras, los principales responsables de los grupos de investigación están de vacaciones y difícilmente podían entablar relaciones científicas con ellos, que sería hoy el principal objetivo de esos viajes… Vacaciones pagadas con el presupuesto del Estado.
No voy a resolver la vieja cuestión de qué es investigar. Pero lo que no es, debería ser claro, es la repetición de conocimientos ya existentes; eso no es investigación. Que los profesores deben formarse y ampliar sus conocimientos, es necesario, pero eso es formación continuada y no precisa más que unos presupuestos ordinarios y estables que mantengan adecuadamente las bibliotecas (colecciones de revistas científicas -digitales si las hubiere o de la galaxia Gutemberg- y las adquisiciones de los libros); muchos proyectos son falsos proyectos de investigación y lo que se pretende se puede conseguir como se hacía antiguamente cuando no había dinero que despilfarrar: se hacen lecturas sistemáticas y amplias de la investigación ya publicada por otros, accesible y ya pagada en las bibliotecas universitarias; así es como debemos formarnos e investigar nosotros nuevos horizontes.
Investigar es crear conocimiento, añadir conocimiento nuevo al ya existente; tratar de resolver los problemas nuevos de la sociedad. Con temas generales, reinventando la rueda, publicando sobre lo ya publicado mil veces, en los ámbitos científico-jurídicos que me son próximos, no se hace investigación. Un gran maestro decía que no se puede hacer investigación sobre «el océano Atlántico» sino sobre una gota del océano… No nos extrañe que no nos tomen en serio los científicos de «bata blanca» (aunque habría que reflexionar también sobre el control de sus proyectos, su verdadero nivel y la fácil y asequible forma de obtener sexenios o tramos de investigación para todos).
El fraude de la investigación en España es grave. Además de financiar proyectos de supuestos grupos sobre temas ya estudiados, a las universidades se las evalúa y a los profesores se le añaden puntos en su promoción profesional por el número de los proyectos de investigación obtenidos y las cantidades financiadas retroalimentando el fraude. Importan las cantidades, no la calidad de los resultados. Y también se evalúa a universidades y profesores por el número de tesis dirigidas; así que ya no importa si están plagiadas, o son un centrifugado de Google o de miles de documentos de la red; cuantas más mejor. Todos sabemos lo que hacen los miembros de los tribunales, nadie quiere problemas; es un acto social y unos puntos más para la hucha de la evaluación positiva en las futuras promociones o para quitarse carga docente. Y una tesis más para las estadísticas españolas y el equipo rectoral agradecido.
Muchos compañeros estiman que publicar es investigar. La investigación requiere transmitir a la comunidad científica y a la sociedad y, por tanto, requiere publicar por los cauces adecuados, pero no todo lo que se publica es investigación. Con toda seguridad, nunca se había publicado tanto y con tanta facilidad en las ciencias sociales y jurídicas. Pero también sabemos que trabajos de innovación hay pocos. Publicamos porque con frecuencia la sociedad (las administraciones públicas, las empresas, etc.) requieren nuestros conocimientos y su sistematización. Pero no es investigación. Aportar ideas nuevas o enfoques originales no es fácil ni se llega a ello todos los días… Todos publicamos más que investigamos.
Es más, se publica tanto en los últimos tiempos porque los sistemas de evaluación de la Aneca y de las anequitas regionales son tan perversos que, de nuevo, sólo les interesa la cantidad de tesis, el número de proyectos financiados y el número de publicaciones y no los contenidos… Incluso demostrando que el mismo trabajo, sólo que con distinto título y párrafo de inicio -por si piden fotocopia de la primera página-, estaba incluido varias veces, valoran positivamente cada uno de ellos. Los profesores ya se saben la trampa y un mismo trabajo lo publican varias veces, con títulos distintos, en libros colectivos o en diversas revistas o, eso sí, indexadas -que es cumplir unos meros formalismos en la gran mayoría de las revistas- como exigen las burocracias educativas boloñesas. A nadie debe extrañar que nuestras universidades ocupen lugares muy bajos en la valoración europea y mundial.
En España, a los docentes y a las universidades se les evalúa por acumulación y por indicios externos… Sin leer los contenidos. Como el hidalgo de El Buscón, con el palillo en la boca para aparentar que había comido carne. La investigación no interesa en España. Sólo las apariencias y gastar y gastar en una economía tambaleante (aunque no por causa de la no política de investigación). No estoy en condiciones de saber si España necesita asignar más recursos en investigación; pero sé que no hay buenas prácticas que seleccionen proyectos sobre problemas nuevos, desconocidos, y que requieran soluciones nuevas. Hay despilfarro, con o sin crisis económica. Como siempre, haciendo amigos.
Araceli Mangas Martín es catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad de Salamanca.
