– El estudio, encargado por la Cámara de Comercio de Madrid, demuestra que España ocupa el puesto 23 de entre 30 países de su entorno en cuanto a los resultados tangibles de su inversión global en I+D+I. Además, registra el peor resultado en la generación de derechos de propiedad intelectual. Del informe se extrae la necesidad de una drástica reducción de los impuestos que pesan sobre las empresas, condicionando la dedicación de esos recursos financieros a proyectos de I+D+i empresariales. – Turquía, Rumania y Portugal demuestran saber utilizar los recursos que pueden dedicar a I+D+i de forma mucho más eficiente que España, a pesar de que cuenta con más presupuesto. Ello demuestra que la optimización de la inversión destinada a I+D+i no depende del tamaño del PIB que tenga una economía ni del presupuesto público que se destine a proyectos de innovación. – Cuanto mayor es el peso de la inversión privada en el sistema de I+D+i de un país, mayor es la eficiencia. Los países de referencia en este sentido son Suecia, Finlandia, Japón, Suiza y Alemania. El estudio considera que, en un contexto internacional de crisis y alta competitividad, es apremiante profundizar e implementar las recetas aprendidas. – El gasto público en I+D+I se ha duplicado en los seis últimos años (alcanza 43.000 millones de euros entre 2004 y 2009) y, en cambio, no han aumentado de forma relevante ni la producción de desarrollos de innovación ni la calidad científica. – Para salir de la actual situación de crisis, el estudio propone crear un nuevo modelo de gestión del conocimiento que garantice una participación de las empresas en sus órganos de gobierno. – El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Salvador Santos Campano, abogó en la presentación de estos resultados, por la reforma del sistema nacional de I+D+i, de manera que incentive una mayor participación del capital privado, especialmente de las pymes, para conseguir aumentar la eficiencia de nuestro sistema por lo menos en un tercio más.
Un estudio de la consultora Deloitte encargado por la Cámara de Comercio de Madrid demuestra que España ocupa el puesto 23 de entre 30 países de su entorno a la hora de demostrar competitividad en cuanto a resultados de su inversión global en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). Además, España registra el cociente más bajo en este entorno en cuanto a eficiencia en la generación de derechos de propiedad intelectual, que alcanza el 41%.
El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Salvador Santos Campano, afirmó que “de este análisis se concluye que el sistema español de I+D+I no genera el estímulo suficiente para incentivar la inversión del capital privado, que prácticamente se reduce a las grandes empresas”.
El objeto de este pormenorizado estudio, titulado “Análisis comparativo del sistema español del I+D+I”, incluye a 24 de los 27 países de la Unión Europea (es decir, exceptuando los casos de Malta, Chipre y Luxemburgo) más Suiza, Islandia, Noruega, Turquía, Estados Unidos y Japón.
En lo que a optimización en la inversión de los recursos se refiere, España sólo aventaja ligeramente a Estados Unidos e Islandia; ventaja que resulta más clara con respecto a Estonia, Noruega, Grecia, Lituania y Letonia.
Según conluye este informe de Deloitte, cuanto mayor es la inversión privada en I+D+I, mejor es la eficiencia. En España ésta supone el 57,1% de la inversión en este terreno, hasta 7.453 millones de euros (según los últimos datos disponibles, correspondientes a 2007), mientras que el 42,5% proviene de fondos públicos. Los sistemas nacionales de I+D+I de Suecia, Finlandia, Japón y Alemania cuentan con una participación del capital privado de entre el 65.7% (caso de Suecia) y el 69,7% que invierte Alemania. Y un caso especialmente relevante es Suiza, donde el 100% de la inversión es privada.
El estudio considera que, en un contexto internacional de crisis y alta competitividad, la urgencia de profundizar e implementar las recetas aprendidas es apremitante. Aplicar en un promer momentos las estrategias que funcionan en los países líderes de la innovación es una primera recomendación entre toda una serie de medidas que propone este informe para España dirija sus pasos hacia la convergencia con estos países. El estudio afirma que el éxito en este camino hacia la convergencia dependerá del grado de eficiencia en la gestión y asignación de los recursos.
Las economías menos fuertes dan ejemplo
Curiosamente, Turquía, Rumanía y Portugal demuestran saber utilizar los recursos que pueden dedicar a I+D+I mucho más eficiente que el resto de los países analizados. En concreto, con niveles inferiores de recursos financieros para este fin, estos tres países consiguen resultados 100% eficientes en lo que se refiere a la generación de derechos de propiedad intelectual, mientras que España apenas alcanza un 41% en este capítulo en concreto.
Ello demuestra que la eficiencia de la inversión destinada a I+D+I no depende del tamaño del productos interior bruto (PIB) de una economía ni del presupuesto público que destina a I+D+I.
El análisis que ha practicado la consultora para medir la eficiencia global de los modelos de I+D+I de los 30 países analizados sólo ha tenido en cuenta el importe efectivamente invertido en los distintos sistemas nacionales de I+D+I (recursos financieros o de capital), sino que también ha recogido otras tres variables: los recursos humanos dedicados a este esfuerzo, los que generan derechos de propiedad intelectual y los que generan aplicaciones tecnológicas.
De este análisis se deriva un ratio global de eficiencia del 66,91% para España, lo que le sitúa en el furgón de cola del mundo desarrollado. Dicho resultado global es fruto de conjugar los resultados de cuatro variables para medir su eficiencia global: recursos financieros o de capital, en lo que obtiene un resultado del 67%; recursos humanos dedicados a este esfuerzo, con un resultado del 41%; los que generan derechos de propiedad intelectual (40%), y los que generan aplicaciones tecnológicas (65%).
Las políticas de incremento de gasto público (Partida 46) practicadas en España en los últimos seis años (2004-2009) han supuesto aproximadamente un total de 43.000 millones de euros, “lo que aconseja un cambio de enfoque en la estrategia y una drástica reducción de los impuestos que pesan sobre las empresas, condicionando la dedicación de esos recursos financieros a proyectos de I+D+I empresariales”, explicó el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid.
Cabe resaltar que la partida 46 de los Presupuestos Generales del Estado se ha duplicado en estos últimos seis años y, sin embargo, ello no ha redundado ni en un aumento de la producción de desarrollos de innovación, ni en el de la calidad científica.
Santos Campano afirmó que es necesario “un gran pacto de Estado por la innovación, la competitividad y el crecimiento sostenido entre los partidos políticos, sindicatos y empresarios, donde tampoco pueden faltar los representantes del sector académico y científico público y privado”.
Sin las pymes no es posible
El presidente de la Cámara de Comercio abogó en la presentación de estos resultados por la reforma del sistema nacional de investigación, desarrollo y competitividad (I+D+I), “de manera que incentive una mayor participación del capital privado para conseguir aumentar la eficiencia de nuestro sistema de I+D+I por lo menos en un tercio más”.
Para ello, Santos Campano consideró “perentoria” la necesidad de poner en marcha medidas de política fiscal “que estimulen la inversión privadas, especialmente de las pymes, que son las grandes olvidadas en esta cuestión”.
El presidente de la Cámara de Madrid afirmó que “los proyectos europeos, nacionales y autonómicos suelen estar dirigidos a grandes empresas, condenando a las pymes a ejercer de meras comparsas en calidad de subcontratistas de compañías de mayor tamaño”.
Las deduccionens fiscales, única política paritaria
La única política que permite hasta la fecha a las pymes mantener una participación paritaria con las grandes empresas es en el acceso a las deducciones fiscales por actividades de I+D+I. Deducciones que ahora, además, están en entredicho.
No obstante, la deducción de la que se han beneficiado las pymes, estimada del análisis de los proyectos objeto de informes motivados por este concepto, es de 222,7 millones de euros (según los datos oficiales, correspondientes a 2007) y parece irrelevante comparada con los 9.662 millones de euros que registraba la partida 46 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2007.
Los concluyentes resultados de este estudio conducen al presidente de la Cámara de Comercio de Madrid a afirmar que la reciente decisión del Gobierno Rodríguez Zapatero de no suprimir los estímulos fiscales a la inversión productiva (I+D+I) para este año y el que viene “es lo más prudente, especialmente porque a mediados de 2010 se producirá la temida subida de impuestos para aliviar el déficit público”. Además, insistió en la necesidad de recuperar ciertas deducciones fiscales por actividades empresariales de I+D+I actualmente desaparecidas, como las que se dirigen a países ajenos a la UE-27.
En este sentido, Santos Campano recordó que la Cámara de Comercio de Madrid, junto con la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) y el respaldo de la Comunidad de Madrid, elevaron al Gobierno central el pasado mes de septiembre un plan con nueve propuestas de medidas fiscales para la internacionalización de las empresas madrileñas, entre las que también se incluían las referidas al estímulo fiscal a la I+D+I.
El contenido de este plan se puede consultar a través de la siguiente dirección en internet:http://camaramadrid.es/doc/linkext/s25c-109091411180.pdf
Medidas de aplicación inmediata
Además de dibujar el escenario actual de la I+D+I en España y su entorno natural de mercado, el informe de Deloitte recoge toda una serie de recomendaciones y medidas a aplicar en diferentes fases. Medidas que pasan desde recoger las estrategias que funcionan en los países líderes en innovación (Suecia, Finlandia, Japón, Suiza y Alemania), a otras para reorientar el sistema educativo, sensibilizar a los empresarios y mejorar los instrumentos de financiación de la I+D+I.
Santos Campano explicó que “España podría ser un 33% más eficiente en sus resultados”, lo que evidencia “no sólo el fracaso de nuestro sistema nacional de I+D+I en lo que se refiere a consecución de objetivos, sino que además pone de manifiesto un hecho de mayor trascendencia para la economía española por sus consecuencias para el empleo”.
Dado que el nivel medio de eficiencia de los proyectos de I+D+I ronda el 70% en lo que se refiere a la creación de propiedad intelectual y aplicaciones, el presidente de la Cámara de Madrid afirmó que “es prioritario someter a un proceso de evaluación todos los proyectos en curso con objeto de reducir aportación de gasto público (partida 46) en un 30% a los agentes públicos del sistema nacional de I+D+I”.
Este 30% de ahorro en los Presupuestos Generales del Estado podría dedicarse a mejorar los resultados del sistema español de I+D+I a corto plazo mediante la financiación de las actividades de innovación en las empresas, centros privados y clusters a través de la aplicación inmediata de medidas fiscales para fomentar la aplicación real al sistema productivo español de la tecnología y el conocimiento a través de la compra de patentes, la contratación de profesionales de países líderes de la UE y del mundo, así como mediante el establecimiento de alianzas entre empresas españolas y líderes sectoriales mundiales.
Plan de optimización de la gestión del I+D+I español
De forma paralela a estas medidas de aplicación inmediata, el estudio de Deloitte afirma que es necesario “adoptar y aplicar las mejores prácticas empleadas con éxito en los países más eficientes”. Para ello considera que en una primera fase habría que tomar como referencia los modelos de Suecia, Finlancia y Japón, mientras que en una segunda fase se debería intentar aproximarse a la eficiencia de los modelos alemán y suizo.
Con este propósito, el estudio propone una serie de medidas de aplicación a medio y largo plazo, que se enmarcarían en un plan de optimización de la gestión del sistema nacional de I+D+I:Diseño y enfoque de estrategias a largo plazo de I+D+I inspiradas en la creación de valor económico tangible.Sistema de gestión que, desde el inicio de cada proyecto, integre en la toma de decisiones todos los agentes de la cadena de valor implicados (universidades, centros de investigación públicos y privados, clusters y empresas) para que aporten lo mejor de sí mismos en cada momento del proceso.Sistemas de evaluación de los proyectos en base a: sus resultados y factibilidad, plazos y metas tecnológicas y económicas establecidas en su calendario; y responsabilidad de todos y cada uno de los agentes involucrados.Registro de proyectos fallidos que sirvan de eficaz herramienta en el análisis previo sobre su factibilidad técnica, comercial y económica.Creación de un sistema de vigilanciaz para identificar y captar las oportunidades de participar en proyectos de I+D+I internacionales, hacerlos propios y procurar de esta forma la mejora continua.
El estudio de Deloitte considera también que, para poner en marcha un plan de optimización de la gestión actual del sistema nacional de I+D+I, se precisa un nuevo modelo de gestión del conocimiento que tenga como finalidad la creación de valor, así como contar con recursos humanos cualificados en todos los pasos o fases de la cadena de creación de valor, partiendo del propio ámbito educativo y universitario.
