El próximo 12 de junio entrará en vigor el Real Decreto 214/2025, que permite a determinadas empresas y administraciones públicas a calcular y publicar su huella de carbono, así como a elaborar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y a inscribirse en el nuevo registro estatal de huella de carbono.

Este avance legislativo no solo responde a compromisos internacionales como el Acuerdo de París o los Objetivos de Desarrollo Sostenible (especialmente el ODS 13: Acción por el clima), sino que sienta las bases para la transición hacia una industria más sostenible y competitiva.