Apostando por un Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación eficaz y eficiente

1. Impulso de la I+D empresarial. Todos los indicadores diagnostican la situación de España con baja presencia de la I+D empresarial. Esto es debido a que en su sistema de ciencia e innovación el desarrollo tecnológico de productos y procesos tiene un peso menor al óptimo, mientras que la investigación, tanto aplicada como básica, muestra una relevancia claramente superior. La corrección del modelo es crítico para la competitividad de la economía y para mejorar la eficiencia final del gasto público que se destina a actividades de I+D.

2. Impulso de la colaboración público-privada en I+D. Hay que favorecer que la I+D empresarial lleve a cabo un proceso de modernización similar al que ha experimentado la investigación universitaria. Para ello es indispensable favorecer la colaboración público-privada, potenciando un vínculo estable entre el ámbito de la innovación y el de la industria, tarea en la cual cobran especial relevancia los organismos intermedios generadores de conocimiento que han demostrado tener los impactos más elevados en los resultados de las empresas con los que colaboran: los Centro Tecnológicos.

3. Más facilidades para la financiación privada. Muchas innovaciones empresariales cuentan con el aval de la investigación científica y un desarrollo tecnológico preciso, pero se encuentran con la barrera del acceso a la financiación privada. España necesita más iniciativas de inversión en I+D+I, ya sea mediante capital seed, venture y equity o mediante otros vehículos de financiación bancaria, y la dinamización de este mercado debería considerarse una cuestión de Estado. Diversos estudios ponen de manifiesto que nuestro país está perdiendo oportunidades en tecnologías emergentes consideradas clave por la Estrategia Industrial de la Comisión Europea, desde la energía verde a los nuevos materiales, la fotónica integrada, la inteligencia artificial o la nanomedicina, por la falta de plataformas de inversión privada que apoyen a las pymes.

4. Apostar por el modelo de Centro Tecnológico es apostar por la competitividad del país. Una mayor cooperación desde el ámbito público para que los Centros Tecnológicos puedan realizar investigación estratégica a medio y largo plazo, posibilitará su inversión en infraestructuras y equipamiento que estarán a disposición de toda la sociedad, lo que fomentará desde la cercanía que tienen con el sector privado, la inversión empresarial en I+D+I. Para ello es imprescindible apostar por el modelo de financiación a tercios de los Centros Tecnológicos también en España, diseñando programas públicos que consigan un refuerzo de la financiación estructural de los Centros Tecnológicos, un plan de financiación de infraestructuras asociado a fondos FEDER en el que se pueda convertir fondos privados, y un verdadero programa nacional de investigación aplicada, financiando proyectos a 3-5 años con la participación de consorcios formados por empresas, Centros Tecnológicos y organismos de investigación públicos y donde existiese un compromiso de inversión empresarial si se alcanzan los resultados comprometidos en el proyecto.

5. Imitar modelos de éxito europeos. Los modelos de éxito en la colaboración de los Centros Tecnológicos con la Administración y el tejido productivo vigentes hoy en Europa, desde los que acumulan décadas de actividad, como el de Fraunhofer en Alemania, hasta los de creación reciente, como la Catapult Network en Reino Unido, ofrecen soluciones a algunos de los problemas de nuestro sistema. Su implantación no presenta riesgos desde el punto de vista de gestión política, ya que han probado su eficacia en economías altamente competitivas que muestran una misma sensibilidad territorial. Es necesario canalizar la red de Centros Tecnológicos que articula Fedit desde hace 25 años de forma que se aproveche todo su potencial para contribuir a crear un sistema de ciencia e innovación equiparable al de los países más avanzados.

6. Reconocer y valorar el interés público de los Centros Tecnológicos. Dado que el fin último de la investigación aplicada, con independencia de su origen, es la transferencia de conocimiento y de tecnología en beneficio del conjunto de una sociedad avanzada y económicamente competitiva, la regulación debería aproximar progresivamente el tratamiento que reciben los organismos de investigación públicos y privados. Los Centros Tecnológicos, pese a estar gobernados por representantes del mundo empresarial y de la sociedad, son organizaciones sin ánimo de lucro, han surgido con el apoyo de la Administración y prestan servicios de interés público, especialmente al acercar la I+D+I a las pymes. Además los Centros Tecnológicos ofrecen métricas de eficiencia en el uso de los recursos públicos que justifican que el tratamiento resulte indistinto.

7. Igualdad de condiciones para todos los organismos de investigación. Aún hay convocatorias que establecen condiciones de participación y de financiación diferenciadas en función de la naturaleza jurídica (pública o privada) de los organismos de investigación. Esto añade una barrera de entrada que beneficia a los organismos públicos y que va en contra de la definición de organismo de investigación acordada en el marco comunitario de ayudas a la I+D+I. No basta con que todas las convocatorias estén abiertas a todos los organismos de investigación, sino que en la práctica puedan competir en igualdad de condiciones. Por ejemplo, financiar sólo los costes marginales a todas las entidades beneficiarias parece un mecanismo para igualar la participación cuando es todo lo contrario, ya que impide imputar los costes directos del personal contratado antes del inicio del proyecto y, mientras que los organismos públicos ya tienen financiación asegurada para esos costes, los Centros Tecnológicos, sin financiación externa, tienen que asumir que esos costes serán financiados con fondos propios del Centro (o ir a la cuenta de pérdidas). Este caso es un ejemplo de cómo se desincentiva, de facto, la participación de los Centros Tecnológicos en determinadas convocatorias públicas. Se debe conseguir que la naturaleza jurídica no se convierta en una barrera que beneficia a unos organismos de investigación en detrimento de otros.

8. Mejorar la gobernanza y la coordinación en red. Se requieren iniciativas que contribuyan a mejorar el actual modelo de gobernanza, promoviendo la coordinación interregional y la cooperación entre distintos agentes del sistema de I+D+I. Hay que profundizar en la coordinación es- tratégica entre las administraciones públicas, las agencias de financiación, y los centros de transferencia tecnológica (públicos y privados). Aprovechando la existencia de Fedit como entidad vertebradora del colectivo de Centros Tecnológicos, debe articularse en torno a ella un sistema de gobernanza en red, dándole una utilidad real al Registro de Centros Tecnológicos y avanzando hacia un modelo más cooperativo, sostenible y que resuelva la creciente distancia entre las políticas de innovación regionales que están sucediendo en estos años.

Esta mejora en la gobernanza debe traducirse también en un mayor esfuerzo de coordinación de las políticas autonómicas de fomento de la transferencia tecnológica. El mapa actual de ayudas y marcos regulatorios provoca, en muchos casos, agravios comparativos entre empresas de diferentes regiones que distorsionan la competencia, cada vez más ligada a la innovación, y contribuye a generar un sistema de diferentes velocidades en España, en perjuicio del interés general. Esta coordinación interregional debe facilitar también el desarrollo de proyectos de cooperación con participación de entidades de diferentes Comunidades Autónomas.

9. Estabilidad y previsibilidad en la asignación y ejecución de fondos públicos en I+D+I. Se necesitan programas de gasto plurianuales que establezcan, a semejanza del Programa Marco Europeo de I+D+I, la asignación de fondos que se destinará cada año a los programas públicos de ayuda a la I+D+I englobados en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y con un compromiso en el Parlamento español para respetar obligatoriamente esa previsión de inversiones plurianuales. Es la única forma de conseguir una previsibilidad de inversión pública en el futuro que haga que los agentes que quieran participar, especialmente las empresas, puedan planificar con suficientes garantías sus estrategias y sus previsiones de inversión.

10. Implantar modelos de rendición de cuentas en transferencia tecnológica. Es muy conveniente para España que se implante un modelo de rendición de cuentas en transferencia de tecnología para todos los organismos de investigación, públicos y privados. La Administración debe diseñar programas de asignación de fondos extra ligados al cumplimiento de indicadores en este ámbito. De ese modo enfatizará la distinción entre investigación básica y aplicada, lo cual redundará en beneficio del sector productivo en dos sentidos: ayudará a incrementar la parte de la actividad científica que se lleva a cabo en nuestro país con visión de favorecer la transferencia tecnológica; y por otro lado incentivará el posicionamiento de los Centros Tecnológicos como proveedores de servicios de I+D para pymes y grandes empresas, y no sólo como prestadores de actividades de certificación, calidad y prueba de producto.