Por: Fernando Molpeceres
Los actores de la productividad industrial y empresarial en nuestro país nos encontramos en un difícil escenario agravado por la crisis económica. Y hemos de encontrar soluciones no ya para salir de la misma sino para apostar por un crecimiento sostenible en el tiempo. Escuchamos fórmulas, iniciativas y propuestas que prometen que lo vamos a conseguir. Pero aun siendo buenas las intenciones, no siempre las medidas que se pretenden llevar a cabo son realistas. Desde mi posición, la de gestor de un Centro Tecnológico, una entidad que vive por y para la competitividad de las empresas a través del conocimiento que les genera y la investigación y desarrollo tecnológico que les aporta, creo que una de las bazas más importantes que deben jugarse para que nuestra economía mejore es la I+D+I. Y son muchas las voces que así lo aclaman. Desde el Gobierno central se están promoviendo iniciativas que a través de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación pretenden contribuir a esta mejora. Una de ellas es el proyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, cuyo último borrador ha sido presentado a los portavoces de la Comisión de Ciencia e Innovación del Congreso hace unos días. Se trata de una importantísima norma que se nos presenta como una oportunidad única para conferir al Sistema Español de Ciencia y Tecnología la solidez y estabilidad urgentes que precisa, que reconozca a todos los agentes que en él interactúan y que deje claras las “reglas del juego” independientemente de los vaivenes y demás negociaciones que en su entorno político se desarrollen. Una Ley de la Ciencia debería definir de forma precisa las reglas de juego sobre las cuales construir las políticas de I+D+I de nuestro país e incorporar a todos los agentes del sistema, entre los que se encuentran con más que probado éxito los Centros Tecnológicos, a fin de impedir hechos ajenos al debate de la tecnología pero que se dan en la actualidad como es la distribución de fondos de manera nominativa a determinados organismos de investigación para actuaciones de I+D en los Presupuestos Generales del Estado. Estas situaciones se alejan de los modelos competitivos bajo criterios de excelencia y calidad y no pueden conformar la base de las políticas públicas de I+D+I en nuestro país. A fin de evitar estas situaciones, la Ley ha de disponer de instrumentos que de forma inequívocamente independiente gestionen los recursos destinados a la I+D+I; uno de estos instrumentos podría ser la Agencia Estatal de Innovación, y al menos en su enunciado, queda recogida en el texto presentado. A mi entender el primer reto de la Agencia ha de ser que los recursos destinados a financiar I+D+I tengan un impacto notablemente mayor sobre la competitividad y productividad de nuestras empresas que el que tradicionalmente han tenido. Ha de asumir que mejorar la competitividad de nuestro país pasa por mejorar la financiación de la investigación aplicada realizada tanto por las empresas como por los Centros Tecnológicos que trabajan para ellas generando, desarrollando y aplicando conocimiento y tecnología, logrando incluso incorporar al “círculo de la innovación” a muchas empresas que por sí solas no lo conseguirían. Y lo más importante, que incorpore criterios de evaluación de los proyectos financiados basados en el éxito de su implantación y trayectoria en el mercado. En definitiva, una Agencia Estatal de Innovación que cumpla cuatro requisitos básicos: que sea independiente, que incorpore criterios de evaluación de los proyectos de carácter tecnológico y de aplicabilidad en el mercado (eficiencia económica de la inversión), que el perfil de sus evaluadores sea también tecnológico con conocimientos de las necesidades y oportunidades que ofrece la industria de nuestro país, y que disponga de instrumentos para medir el impacto de los recursos que destina a la investigación. Sólo con fórmulas sólidas y valientes que se entablen en el presente conseguiremos alcanzar los objetivos de futuro.
